La Comisión Europea oscila estos días entre la lucha por mantener las fronteras interiores abiertas y el mercado único, al mismo tiempo que hay países que ya están pidiendo requisitos que van más allá del certificado COVID europeo. El aumento de los casos de enfermedad grave, especialmente entre los no vacunados, está provocando una enorme presión en los hospitales y el personal sanitario. Esto hace que la imposición de nuevas medidas sea inevitable, y que los gobiernos se enfrenten a decisiones difíciles sobre cuándo y qué medidas aplicar. Con una proporción cada vez mayor de la población vacunada, y que ahora recibe dosis de refuerzo, las restricciones se están desplazando de medidas para toda la población a medidas que tienen en cuenta tanto las circunstancias individuales como el riesgo de que un individuo determinado pueda empeorar la situación. A nivel europeo, en los distintos países, lo que se está haciendo por el momento es implementar el uso del llamado pasaporte de vacunación para acceder a locales de restauración o a lugares de trabajo. En Italia se utiliza desde el verano y países como Bélgica lo han implementado en las últimas semanas, excluyendo poco a poco a los no vacunados de distintas actividades. El 66 % de la población europea está vacunada, eso quiere decir que hay un tercio, 150 millones, que no lo están. En general, el 23,5 % de los adultos en la Unión Europea aún no están completamente vacunados, pero en algunos países esta cifra llega al 71 %. Quizás lo más preocupante es que en algunos estados miembros hasta el 65 % de las personas mayores de 65 años todavía no están completamente vacunadas. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, ha abierto la puerta a que se produzca una discusión a nivel europeo sobre la obligatoriedad de la vacunación contra el coronavirus. El gobierno austriaco ha establecido la vacunación obligatoria a partir de febrero de 2022. Grecia ha establecido multas de 100 euros mensuales a las personas mayores de 60 años que no se vacunen. Ahora, Von der Leyen abre la puerta a un debate muy delicado y que inquieta a algunas voces influyentes del Parlamento Europeo, que han seguido con preocupación las manifestaciones que se han celebrado en las calles de Viena, Róterdam o Bruselas precisamente por grupos de antivacunas o contrarios a las nuevas restricciones. La Comisión Europea apoya la tercera dosis de la vacuna y quiere establecer una caducidad para el pasaporte de vacunación a los nueve meses del registro de la pauta completa para animar a inyectarse la dosis de refuerzo. El reglamento vigente del certificado tiene validez hasta el 30 de junio de 2022. Para entonces parece poco probable que la pandemia haya cesado, por ello la Comisión está preparando una propuesta legal para extender su aplicabilidad por un periodo de tiempo limitado. Por otro lado, la Ponencia de Alertas que asesora sobre las medidas para el control de la pandemia, formada por técnicos del ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas, duda sobre la eficacia del pasaporte COVID y que este plantea al menos dos problemas. Por una parte, que equipara el estar vacunado con estar inmunizado y esto no se ajusta a la realidad, dado que la vacunación previene en un gran porcentaje las formas graves de la enfermedad, pero la efectividad se reduce, con el paso del tiempo, frente a la infección con manifestaciones leves. Y por otra parte, que puede conducir a relajar las medidas de prevención en interiores al sentirse las personas más protegidas por estar en un ambiente en el que se ha exigido el certificado. La exigencia ya está en vigor, o lo estará en los próximos días, en ocho comunidades autónomas, para el acceso al ocio nocturno, hostelería, visitas a hospitales y centros sociosanitarios. (Dr. Miguel Álvarez Deza. Medicina Preventiva y Salud Pública).
